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Cortapisa a las periciales de la Administración Tributaria

El Tribunal Supremo ha vuelto a parar los pies a Hacienda en lo que constituye una práctica muy habitual de ésta que suele dejar al contribuyente en una situación de indefensión y desamparo. Nos referimos a las comprobaciones de valores mediante tasaciones periciales de inmuebles promovidas por la Administración Tributaria a cualquier nivel (estatal, autonómico o local) a los efectos de revisar -siempre al alza- los importes declarados en sede de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, IRPF, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre el Patrimonio.

Es decir, cuando la AEAT revisa (casi siempre al alza) el valor de elementos (como viviendas) sujetos a impuestos como el ITP o IRPF.

El obligado tributario que recibe una notificación en este sentido tiene escasos medios para oponerse a la liquidación paralela impuesta por Hacienda. Pese a la tendencia a la baja del mercado, Hacienda dispone de sus propios baremos para estimar el valor de una vivienda o local. Así, aunque hayamos declarado el valor efectivo de la venta (su precio), el fisco presupondrá que hemos defraudado al erario público en la cuantificación de nuestra base imponible siempre que sus tasadores emitan un informe en este sentido.

En algunos casos, como sucede en el ITP, se establecen coeficientes correctores que triplican el valor catastral de un inmueble, determinándose que éste es su valor a efectos fiscales. La Hacienda autonómica fija dichos coeficientes de forma anual en Ordenanzas e invita a aplicarlos preventivamente so pena de incluirnos en una lista de “contribuyentes comprobables” en los próximos cuatro años.

Ante esta tesitura pocos se atreven a proponer una tasación pericial contradictoria, que implica asumir la carga de costear un perito y eventualmente ir a mayores y hacer valer la tasación alternativa en un procedimiento contencioso-administrativo de resultado incierto. Cuando el inmueble transmitido es de escasa entidad, por ejemplo un garaje, recurrir contra una paralela que nos suponga un incremento de tributación de trescientos o cuatrocientos euros es absurdo, al obligarnos a asumir costes muy superiores para preparar nuestra defensa. Por tanto, la solución prudente y más habitual hasta la fecha ha sido pagar el importe exigido por el fisco, salvo casos clamorosos o en los que el diferencial resulte elevado.

Sin embargo el contribuyente tiene ahora otra alternativa. El Supremo, en su sentencia del 17 de diciembre de 2012, ha establecido una serie de cortapisas ante esta facultad cuasi-omnímoda de la Administración de impugnar nuestras declaraciones. La primera de ellas es que las tasaciones periciales de Hacienda en los procedimientos de comprobación de valores de inmuebles deben motivarse aplicando de forma individualizada los criterios que procedan al bien que se valora, lo que excluye valoraciones abstractas o estereotipadas. La segunda, que viene a ser un refuerzo o garantía de la anterior, exige la presencia física del perito en el inmueble valorado, evitándose de este modo que se proceda por analogía comparando otros inmuebles similares, lo que sólo será posible cuando la Administración ya dispusiera de datos de edificaciones sustancialmente idénticas.

En atención a esto, les recomendamos que si reciben una notificación de comprobación de valores contacten con nosotros a fin de poder recurrir con rapidez y defender sus derechos.

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