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Creemos que la ética profesional obliga a asumir los posibles errores cometidos. Los profesionales de nuestro equipo están colegiado en el Colegio de Economistas de Catalunya, el Colegio de Abogados de Barcelona y el Colegio de Graduados Sociales de XX respectivamente y cuenta con la protección de un seguro de Responsabilidad Civil.

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Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades previstos en la Ley de emprendedores-III



Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles.

A partir del ejercicio 2013 los rendimientos netos obtenidos por las sociedades en la cesión de patentes o similares se integrarán en la base imponible sólo en un 40%. Con anterioridad a esta medida, se integraban en un 50% los ingresos o rendimientos brutos, con lo que la ganancia fiscal resulta significativa.

Los requisitos para la aplicación de la reducción fiscal son los que a continuación se detallan:

  • Que la entidad cedente haya creado los activos objeto de cesión en al menos un 25% de su coste. Es decir, no es necesario que la patente cedida haya sido creada en exclusiva por dicha entidad, bastando su aportación sustancial a la misma, que la ley fija en un 25% del coste.
  • Que el cesionario utilice los derechos de explotación en el desarrollo de una actividad económica, siempre que la entidad cesionaria no esté vinculada con la cedente ni genere gastos fiscalmente deducibles en ésta.
  • Que el cesionario no resida en un paraíso fiscal.
  • Que si en el contrato de cesión de patentes o similares se establecen prestaciones accesorias de servicios, se desglose la contraprestación correspondiente a los mismos, deslindándola de la atribuible a la patente propiamente dicha.
  • Que los ingresos y gastos de la patente se contabilicen de forma separada.

Con carácter previo, el sujeto pasivo podrá solicitar a la Administración Tributaria un pronunciamiento sobre si los activos cedidos pueden ser calificados como aptos para esta deducción, adjuntando igualmente una propuesta de valoración de los mismos fundamentada en el valor de mercado. Esta vía, que en principio pretende aumentar la seguridad jurídica del contribuyente, en la práctica logra lo contrario, ya que si la Administración no nos contesta a los 3 meses de nuestra solicitud, ésta deberá entenderse desestimada.

Dada la lentitud de Hacienda y su escaso interés en reconocer derechos a los contribuyentes, es previsible que estos 3 meses se excedan con frecuencia y veamos frustradas nuestras expectativas de deducción por haber querido asegurarnos de su legalidad. Por tanto, recomendamos la aplicación de la deducción según una interpretación razonable de la norma, sobre la que nos prestamos a asesorarle, y sin requerir el visto bueno de Hacienda.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta sobre este u otros temas.

Área de Consultoría.

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