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Distinción entre el derecho a comprobar del derecho a liquidar de la Administración



 

Las potestades administrativas son imprescriptibles, no obstante, el derecho a liquidar la correspondiente deuda tributaria está sometida, por el imperativo del principio de seguridad jurídica, al instituto de la prescripción.

Tradicionalmente la jurisprudencia ha considerado que el derecho a comprobar o investigar estaba vinculado al derecho a liquidar la deuda, la prescripción de este último implicaba la del primero.

La normativa de los diferentes tributos establece, en muchas ocasiones, la existencia de bases imponibles negativas, deducciones o cuotas negativas a compensar que pueden ser aplicadas en ejercicios o períodos impositivos que excedían, en mucho, el período de prescripción del derecho a liquidar de cuatro años, cinco en el caso de delito fiscal. La comprobación de las cantidades compensadas o deducidas en períodos no prescritos, pero originadas en períodos prescritos, generaba una gran litigiosidad entre los contribuyentes y la Administración Tributaria.

Para evitarlo, se ha introducido una norma que crea un nuevo plazo de prescripción que afecta al derecho a comprobar o investigar aunque el derecho a liquidar la deuda esté prescrito.

De hecho, la disposición no es novedosa, apareció el año pasado en la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, en la que se extendía el derecho de comprobación de las bases imponibles negativas, que actualmente se pueden compensar de forma indefinida, y las deducciones, por un plazo de 10 años cuyo cómputo se inicia al día siguiente del último día para la presentación de las declaraciones o autoliquidaciones correspondientes. Lo que hace la LGT es generalizar el citado plazo de 10 años para todos los tributos.

En el caso de inspecciones de carácter general se entenderá incluida la revisión de las bases, cuotas o deducciones pendientes de compensación o aplicación. En los otros casos, se deberá mencionar de forma explícita su inclusión en la comprobación.

Transcurrido el período de prescripción específico para el derecho a comprobar, 10 años si la ley específica de cada tributo no establece otro diferente, el contribuyente deberá, sin embargo, aportar la declaración o autoliquidación en que se acreditaron las bases, cuotas o deducciones que se compensan en el ejercicio sometido a comprobación.

No deja de sorprender, que se exija la presentación de documentación que ha sido aportada, en su día, a la Hacienda Pública y que debería obrar en su poder. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, establece el derecho de los ciudadanos a no aportar documentos que deben obrar en poder de la Administración. Tal vez, en la mente del legislador ciudadano y contribuyente son conceptos distintos y, sobre todo, distantes.

Nuevos plazos y sistema de cómputo de la duración de las inspecciones. 

Otro de los cambios destacados introducidos en la LGT son los plazos de las actuaciones inspectoras.

Se amplía el plazo para efectuar las inspecciones. 

  1. El plazo de 12 meses pasa a 18 meses

  2. El plazo de 24 meses pasa a 27 meses en los casos previstos por la norma que son

    1. Cifra anual de negocios igual o superior a la considerada requerida para la auditoría obligatoria de cuentas anuales.

    2. Que el obligado tributario forme parte de un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o régimen especial de grupo de entidades

    3. Que las actuaciones se lleven a cabo con diversas personas o entidades vinculadas de acuerdo con lo previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades

El plazo anterior computa desde la fecha de notificación del inicio de las actuaciones inspectoras.

Los requisitos vigentes son más concretos y detallados que los de la normativa anterior lo que resulta positivo. En cuanto a la aplicación del período extendido de inspección debe ser comunicado en el momento de la notificación de inicio de las actuaciones, excepto que las circunstancias de la extensión del plazo se aprecian en el transcurso de la actuaciones. En todo caso, el inicio del plazo de los 27 meses será el de la notificación inicial.

El plazo será único para todas las obligaciones tributarias y períodos impositivos incluidos en la inspección.

Se elimina la interrupción injustificada de las actuaciones inspectoras durante más de seis meses. Sus efectos, consistían en dejar sin efecto la interrupción del plazo de prescripción que suponía el inicio de actuaciones inspectoras. Como el plazo no se consideraba interrumpido, si en el período de más de seis meses había prescrito el derecho a liquidar algún o algunos de las obligaciones inspeccionadas, el posterior reinicio de las actuaciones ya no podía interrumpir la prescripción ganada. Asimismo, los ingresos realizados desde el inicio de la inspección hasta su reanudación se consideraban espontáneos a todos los efectos regularizando la situación de contribuyente.

Las causas más destacadas que pueden afectar a la suspensión de los plazos antes mencionados son los siguientes:

  1. Remisión del expediente al Ministerio Fiscal por delito contra la Hacienda Pública.

  2. Remisión del expediente de conflicto en la aplicación de norma tributaria a la comisión consultiva.

  3. El intento de notificar la propuesta de resolución o liquidación o el acuerdo por el que se ordena completar las actuaciones.

Por otra parte, el contribuyente puede solicitar períodos de gracia o cortesía, antes de la apertura del trámite de audiencia, que no podrán exceder los 60 días naturales durante todo el procedimiento inspector, y que supondrán la extensión del plazo.

Hay dos causas de extensión adicional de los plazos de las actuaciones inspectoras

La primera es:

Cuando durante el desarrollo del procedimiento inspector el obligado tributario manifieste que no tiene o no va a aportar la información o documentación solicitada o no la aporta íntegramente en el plazo concedido en el tercer requerimiento, su aportación posterior determinará la extensión del plazo máximo de duración del procedimiento inspector por un período de tres meses, siempre que dicha aportación se produzca una vez transcurrido al menos nueve meses desde su inicio. No obstante, la extensión será de 6 meses cuando la aportación se efectúe tras la formalización del acta y determine que el órgano competente para liquidar acuerde la práctica de actuaciones complementarias.

Por ello las actuaciones se pueden prolongar, para el plazo inicial de 18 meses hasta los 21 o 24 meses, y para el período extendido de 27 meses, hasta 30 o 33 meses en los casos previstos de desatención de los requerimientos de información.

La segunda es:

...el plazo máximo de duración del procedimiento inspector se extenderá por un periodo de seis meses cuando tras dejar constancia de la apreciación de las circunstancias determinantes de la aplicación del método de estimación indirecta, se aporten datos, documentos o pruebas relacionados con dichas circunstancias.

El incumplimiento de los plazos no supondrá la caducidad del procedimiento, pero tendrá los siguientes efectos:

  1. No se considera interrumpida la prescripción por las actuaciones inspectoras realizadas. Si hay nuevas actuaciones finalizado el plazo el contribuyente tiene derecho a ser informado de los conceptos y períodos de las actuaciones que se vayan a realizar desde la reanudación.

  2. Los ingresos realizados desde el inicio de las actuaciones tendrán la consideración de espontáneos lo que significará la regularización de los conceptos afectados por los ingresos con los recargos previstos para dicho tipo de pagos extemporáneos sin requerimiento de la Administración.

  3. No se exigirán intereses de demora desde el incumplimiento del plazo hasta la finalización de la inspección.

Aunque se concretan determinados plazos y desaparecen las dilaciones no imputables a la Administración, la extensión de las actuaciones inspectoras es considerable con la nueva legislación con el consiguiente coste para el contribuyente.

Esta nueva regulación se aplicará a la inspecciones iniciadas (notificadas) a partir del 12 de octubre de 2015.

 

Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta que pudiera tener.

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