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El IVA ya no será fraccionable




El sábado 3 de diciembre se publicó en el B.O.E el Real Decreto-Ley 3/2016 de medidas urgentes en el ámbito tributario que, entre otras, modificaba las normas que regulan los aplazamientos y fraccionamientos. Sobre esta cuestión la exposición de motivos dice:


(...) se procede a la eliminación de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de determinadas obligaciones tributarias (...) la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta (...) de las obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades. Asimismo, tampoco podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las liquidaciones tributarias confirmadas total o parcialmente en virtud de resolución firme cuando previamente hayan sido suspendidas durante la tramitación del correspondiente recurso o reclamación en sede administrativa o judicial. Además, se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de los tributos repercutidos, dado que el efectivo pago de dichos tributos por el obligado a soportarlos implica la entrada de liquidez en el sujeto que repercute.


Se trata de una modificación importante del régimen de aplazamientos que impondrá importantes límites a las empresas o empresarios individuales que habían encontrado en los fraccionamientos una vía de alivio a las tensiones de tesorería habituales en los últimos años por la fuerte restricción del crédito bancario.


Una cierta recuperación de ese crédito, mayor acceso por parte de las PYMES al mismo, ha sido una de las razones que se ha esgrimido para endurecer las condiciones de los aplazamientos. Se trata de una cuestión debatible, pues las condiciones de crédito no son ni mucho menos parecidas a las que se producían antes de la crisis financiera de 2007-8, pero la necesidad de aumentar la recaudación, objetivo único de las medidas adoptadas pasa por el pago inmediato, por encima de todo, de las liquidaciones de IVA.


Analicemos cada una de las variaciones que entrarán en vigor el 1 de enero de 2016


Retenciones e ingresos a cuenta

Se elimina cualquier excepción que permitía, de forma muy limitada, solicitar el aplazamiento. Se trata de deudas tributarias inaplazables. Tener en cuenta que la obligación de retener o ingresar a cuenta se produce, por lo que se refiere a rendimientos del trabajo y actividades profesionales, cuando se satisfacen efectivamente, no cuando se devenga la obligación de pago.


Nos referimos principalmente a las retenciones practicadas a los trabajadores que son inaplazables pero solo se pagan a la AEAT si se ha pagado antes al trabajador.


Resoluciones económico-administrativas:

Ejecución de resoluciones económico-administrativas firmes, total o parcialmente desestimatorias, cuando el acto administrativo reclamado haya sido objeto de suspensión. Si se ha suspendido el acto administrativo, cuando se ejecute la resolución que en todo o en parte confirmen el acto administrativo, no se podrá solicitar aplazamiento. Lo anterior no afecta a las sanciones pues no son deuda tributaria aunque se suspenda de forma automática con la interposición de la reclamación.


Pagos fraccionados del Impuesto sobre sociedades:

Se elimina la posibilidad de solicitar aplazamiento respecto del pago fraccionado. Una medida claramente recaudatoria pues uno de los pilares de las medidas adoptadas es el pago a cuenta de Impuesto de Sociedades que sirve a adelantar recaudación y poder cuadrar las cuentas con miras al procedimiento de déficit excesivo del artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.


Tributos repercutidos:

Esta es, sin duda, la modificación de mayor calado, tanto por número de afectados como por los importes involucrados.


Aunque existen otros tributos repercutidos, el IVA destaca además de por su peso recaudatoria por el gran número de contribuyentes que afectan, especialmente PYMES y empresarios individuales.


Debido a la exención de garantías hasta 30.000 € de deuda tributaria, el mecanismo de aplazamiento de las liquidaciones de IVA se ha convertido en un instrumento habitual de gestión de la tesorería de las pequeñas empresas, lo que ha añadido aceite a los mecanismos financieros que quedaron seriamente afectados a raíz de la llamada Crisis Financiera Global (CFG) que afectó a la solvencia y credibilidad del sistema financiero y que como consecuencia, supuso la imposición de condiciones draconianas de acceso a un crédito escaso y ampliamente racionado.


Si esos mecanismos han sido o no restaurados, y si se produce un acceso fluido de las PYMES a ese crédito es un debate interesante pero que excede de nuestro propósito informativo. Lo cierto, es que el grifo del crédito concedido por la Hacienda Pública, al tipo de interés de demora, se va a cerrar, lo que supondrá que las empresas y empresarios deben tenerlo muy presente cuando se produzcan los pagos periódicos de las liquidaciones de IVA. La mayoría de contribuyentes deberán afrontar ese problema el próximo día 30 de enero cuando vence el plazo del 4 trimestre de 2016.


Han salido noticias anunciando protestas, especialmente de empresarios individuales, respecto a la aplicación de esta normativa. Habrá que estar atentos a cuál es el efecto de estas protestas y la aplicación de la normativa por parte de la A.E.A.T.


La normativa prevé como excepción al no aplazamiento la justificación de la ausencia de cobro de las cuotas repercutidas. La forma como la A.E.A.T solicite esa justificación, no olvidemos que se trata de un hecho negativo, y si impone umbrales a partir de un determinado volumen de falta de pago de los facturas emitidas para conceder el aplazamiento, es algo que está por ver.


Señalar, por una parte que es normal que haya facturas expedidas cuyo vencimiento exceda el período voluntario de pago de las liquidaciones de IVA, de igual forma que durante el trimestre en curso se reciben pagos de facturas expedidas en trimestres anteriores. La aplicación de un pseudo criterio de caja respecto de las facturas expedidas parece difícil y poco consistente. Lo normal hubiera sido no alterar un sistema que funcionaba correctamente y había servido para facilitar la obligaciones tributarias. No creemos que sea en beneficio de todos, ciudadanos y administración, iniciar procedimientos ejecutivos de recaudación de deudas que se podían aplazar. El intentar ganar los recargos correspondientes puede salir más oneroso para las arcas públicas que un procedimiento menos agresivo y más consensuado como el de aplazamiento/fraccionamiento.


El tiempo dirá si las medidas sirven para aumentar la recaudación efectiva o para aumentar los impagos lo que sería contraproducente con los objetivos perseguidos por las modificaciones legales.

 

Aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente y quedamos a su disposición para cualquier duda que pudieran tener.

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