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Fargas
Asesoría fiscal y laboral Fargas

ERE autorizado y posteriormente anulado

Según la resolución de 02-06-08 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Murcia, en este supuesto, no procede el abono al trabajador de una indemnización de daños y perjuicios por los salarios dejados de percibir desde que fue extinguida la relación laboral hasta el cumplimiento de la sentencia que lo anula por el orden contencioso-administrativo. Tampoco procede la aplicación supletoria de la responsabilidad civil contractual. Una empresa extinguió la relación laboral de un trabajador en virtud de un expediente de regulación de empleo aprobado por la Dirección General de Trabajo. El trabajador cobró una indemnización de 20 días y otra adicional de 10 días por año de servicio. Posteriormente, la jurisdicción contencioso-administrativa declaró nula la resolución que aprobaba el expediente de regulación de empleo. El trabajador reclama a la empresa una indemnización por los daños sufridos. En el despido colectivo se prevé una única indemnización en función de los años de servicio prestados a la empresa, indemnización que, en este caso, se hizo efectiva. No se puede pretender que la anulación por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de una decisión administrativa -que no empresarial-, que autorizó la extinción de unos contratos de trabajo, permita el resarcimiento de los salarios dejados de percibir, como si de un despido disciplinario u objetivo se tratase. En las situaciones de despido -sea este disciplinario, objetivo o colectivo- la indemnización que percibe el trabajador se halla legalmente tasada de manera objetiva, sin que el juzgador pueda valorar, de otro modo, los daños y perjuicios causados, al margen de, en determinados casos, considerar la concurrencia de la violación de un derecho fundamental que, expresamente, le fuera invocada. La indemnización tiene en cuenta, principalmente, el coste de reinserción en el mercado de trabajo que se incrementa con el paso del tiempo, por lo que pasa a un segundo orden la estimación del lucro cesante. La indemnización por despido no guarda una relación de identidad con los perjuicios que pueda sufrir el trabajador; se trata de una indemnización ex lege, concebida como una cantidad que sustituye a la indemnización de daños y perjuicios y que cumple una función sustitutoria del resarcimiento de perjuicios. En base a lo anterior, no procede una demanda de resarcimiento como la planteada. Se invoca, como sustento jurídico de la misma, el CC art.1101 que se refiere a la responsabilidad contractual por dolo, negligencia, morosidad o por contravención del tenor de las obligaciones contraídas mediante el contrato. Habiendo en el ámbito del derecho laboral una precisa regulación de las consecuencias legales inherentes a todo despido colectivo, resulta innecesario acudir a la normativa civil. En el presente caso, la reclamación de daños y perjuicios aparece referida a un período de tiempo en el que el contrato se hallaba legalmente extinguido en virtud de una autorización administrativa, por lo que, difícilmente, puede asignarse a la responsabilidad el carácter de contractual. Además, ante esta situación, que es en la que debe valorarse la concurrencia de los elementos, subjetivo -culpa o negligencia-, objetivo o de resultado y de nexo causal que requiere cualquier demanda de responsabilidad civil, difícilmente, puede atribuirse a la empresa cualquier tipo de culpa, cuando lo que hizo fue ejercitar ante la autoridad laboral competente un derecho que le correspondía - la solicitud de la pertinente autorización pública para la extinción de los contratos laborales de los trabajadores-, que le fue concedido y en virtud del cual llevó a efecto la extinción de tales contratos, sin que pueda advertirse, tampoco, la concurrencia de un propio y verdadero nexo causal entre esa legitima actuación empresarial y el resultado producido con la tardía resolución por la autoridad judicial del expediente de regulación de empleo que concluyó, finalmente, con la anulación de la autorización administrativa que había permitido la extinción de los contratos de trabajo. No es dable, por tanto, atribuir a la empresa dolo, negligencia, morosidad o que hubiera contravenido el tenor de las obligaciones contraídas con el trabajador. No se reclama, pero tampoco procedería el reintegro de la indemnización por el despido colectivo (ET art.51.8) percibida por el trabajador. Teniendo en cuenta la actual situación de la economía, que obliga a las empresas a tomar decisiones difíciles en cuanto al empleo, la presente resolución contribuye a que exista una cierta seguridad jurídica, si cabe, sobre situaciones tan complejas.

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