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Impuesto sobre el Patrimonio - Coordenadas ante la nueva regulación

Es conocido por todos que el Gobierno ha aprobado hace escasos días el restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio. Lo regula la Ley 19/1991, que se modificó en 2008 a los efectos de bonificar al cien por cien la cuota del mismo, lo cual equivalía a eliminarlo sin derogarlo. Ahora esta ley vuelve a revivirse, con algunas modificaciones significativas, mediante el Real Decreto-ley 13/2011.

Una vez más, la acostumbrada improvisación e inconsistencia de la política fiscal española hace muy difícil para el contribuyente la planificación a medio plazo, prevaleciendo el afán recaudatorio sobre la seguridad jurídica.

Cabría discutir hasta qué punto la reaparición del gravamen obedece a consideraciones de equidad contributiva, como asume con cierta capciosidad la exposición de motivos de la norma, o la mera oportunidad política en vistas a los próximos comicios. Puede dudarse, en efecto, de la justicia de un impuesto que grava bienes adquiridos con rentas que a su vez han sido gravadas en sede de IRPF, por lo que algunos han venido calificándolo como “confiscatorio”. La ley prevé en este sentido un límite en la cuota del impuesto de patrimonio, que, sumada a la del IRPF, no podrá superar el 60% de la base imponible de la declaración de la renta en el mismo ejercicio.

En síntesis, los parámetros a tener en cuenta en esta nueva irrupción del Impuesto sobre el Patrimonio son los siguientes:

• Sólo está previsto para los ejercicios 2011 y 2012, a declarar en 2012 y 2013.

• Sólo afecta a personas físicas.

• Está obligado a declarar todo aquel contribuyente cuya cuota tributaria, una vez aplicadas las bonificaciones que procedan, resulte a ingresar. En cualquier caso están obligados los contribuyentes con patrimonios superiores a dos millones de euros.

• Se multiplica por siete el mínimo exento anterior. Así, están exentos de tributar los contribuyentes cuyo patrimonio no supere los 700.000 €.

• El concepto de patrimonio es amplio y comprende tanto los inmuebles como las acciones, cuentas corrientes y valores o activos mobiliarios de todo tipo, incluidos los bienes afectos a la actividad empresarial de la persona física. También computarán los derechos con contenido económico y las concesiones administrativas. A estos efectos se han de descontar los gravámenes vigentes (por ejemplo, las hipotecas) y las deudas vencidas en la fecha de devengo del impuesto, el 31 de diciembre del año que corresponda.

• La vivienda habitual estará exenta hasta los 300.000 €, el doble del importe de la regulación anterior. El valor de referencia a considerar es el más elevado de entre el valor catastral, el coste de adquisición y, en su caso, el comprobado por la Administración.

• El tipo de gravamen es progresivo y oscila entre el 0,2% y el 2,5% sobre la base liquidable, esto es, sobre el exceso sobre los 700.000 € exentos. Así, los primeros 167.000 € tributan al 0,2%; a los siguientes 167.000 € hasta 334.000 € corresponde el 0,3%, y así sucesivamente. La parte de la base liquidable que exceda los 668.000 € verá aumentado su tipo en prácticamente el doble respecto al tramo anterior, un 0,9% frente a un 0,5%.

• Es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, que pueden en cualquier momento establecer bonificaciones adicionales, o incluso la exención plena.

• Los no residentes en territorio español que operen por mediación de establecimiento permanente deberán nombrar a un representante ante la Administración tributaria en relación con sus obligaciones por este impuesto, comunicando dicho nombramiento antes del fin del plazo de declaración del impuesto.

Esta breve circular no detalla ni da ejemplos de alternativas de planificación fiscal para minimizar este cambio legislativo el depender estos de cada caso concreto. La composición del patrimonio personal de cada contribuyente es siempre distinta y debe ser analizada cuidadosamente, si desea consultar su caso no dude en contactar con nosotros.

Quedamos a su disposición para la resolución de cualquier consulta relativa a su declaración del impuesto o a cuestiones de planificación fiscal implicadas.

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