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La decisión de presentar Concurso de Acreedores y la finalidad del mismo

El concurso de acreedores es el procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda.

La modificación de la Ley Concursal vino a unificar en un mismo procedimiento lo que anteriormente se denominaba Suspensión de pagos y Quiebra, la diferencia entre ambos estaba en la posible viabilidad de la entidad, caso de suspensión de pagos, o bien si ya se optaba por la liquidación de la misma, quiebra.

Con la unificación de ambos procedimientos en lo denominado Concurso de Acreedores se ha simplificado el tratamiento de las crisis patrimoniales y se han reducido los llamados costes de oportunidad asociados al sistema anterior, que se concretaban en las pérdidas que padecían el deudor y los acreedores a resultas de una errónea elección de un procedimiento.

Por ejemplo, lo que sucedía cuando un deudor solicitaba la declaración de suspensión de pagos y, posteriormente, no podía alcanzar un convenio pues los acreedores una vez descubierta la situación patrimonial en la que se encontraba el deudor, no estaban dispuestos a aceptar sus propuestas. Ello obligaba a cerrar el procedimiento y a solicitar la declaración de quiebra del deudor, generando unos costes del nuevo procedimiento.

La finalidad de un procedimiento concursal seria resolver los problemas que plantea la concurrencia de un colectivo de acreedores sobre el patrimonio insolvente de un deudor común. Sirve entonces para tratar de dar una doble salida a la crisis de cualquier deudor, sea o no comerciante, que se concreta o bien en un convenio que trata de llegar a un acuerdo de reducción y/o aplazamiento con los acreedores o bien en la liquidación de la entidad.

Sin embargo antes de iniciar un procedimiento de Concurso de acreedores es importante analizar minuciosamente cual es la finalidad que se persigue con el mismo, y que la entidad cumple con sus obligaciones formales, de llevanza de contabilidad, presentación de cuentas anuales, a fin de proteger a los Administradores de la entidad de posibles responsabilidades derivadas del Concurso.

Primeramente deberemos analizar si la entidad está ya en situación de insolvencia o no.

Un concurso de acreedores se puede instar a iniciativa del deudor (concurso voluntario) o bien a iniciativa de los acreedores (concurso forzoso).

Si la Compañía ya está en situación de insolvencia, el deudor tiene dos meses para presentar el Concurso y en caso de incumplimiento de dicha obligación en plazo, se puede declarar al administrador responsable de los daños y perjuicios.

El impago de salarios, impuestos o cotizaciones a la Seguridad social durante tres meses consecutivos, otra clase de impagos generalizados, el embargo de todo el patrimonio o el alzamiento de bienes son situaciones que la Ley concursal establece como de presunta insolvencia, habrá que tener en cuenta estas situaciones y proceder a la presentación del Concurso en plazo para evitar la responsabilidad de los administradores. Posteriormente deberemos analizar con detenimiento la posible viabilidad futura o no de la entidad.

Si hay una situación de insolvencia pero hay viabilidad (anterior suspensión de pagos), la Ley permite la posibilidad mediante un convenio de demorar las deudas anteriores a la presentación del concurso hasta la finalización del mismo y establecer una quita en las mismas, aplazarlas o una combinación de ambas. Los administradores de la entidad junto con los administradores concursales son los que se encargarán de gestionar la entidad.

Todas las deudas de la entidad se ven afectadas por el Convenio a excepción de las deudas con privilegio, es decir, créditos garantizados con hipoteca, prenda, anticresis, créditos refaccionarios, créditos con garantía de valores, leasing, la mitad de las deudas tributarias y de la seguridad social, parte de las deudas con trabajadores, créditos por responsabilidad civil extracontractual y parte de los créditos del acreedor que solicitó el concurso siempre que no fueren subordinados.

La aprobación del Convenio requiere el voto a favor de acreedores que representen más del 50% del pasivo ordinario del concurso o de la mayoría simple si la propuesta consiste en el pago íntegro de los créditos ordinarios en plazo inferior a 3 años o en el pago inmediato con una quita inferior al 20%. También es preciso analizar los avales de los Administradores o socios de la Compañía y establecer que medidas tomar ante las reclamaciones como avalistas.

Si consideramos que la entidad no tiene viabilidad se optará por un liquidar la entidad. En este caso son los Administradores Concursales nombrados por el Juez los que deben efectuar la enajenación de los bienes de la entidad con el fin de liquidar las deudas hasta donde estas alcancen. En definitiva, se trata de un proceso complejo en el que el empresario debe buscar la orientación de un equipo multidisciplinar experto con experiencia.

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