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Ley de Sucesiones según el Tribunal de Justicia de la UE



La Comisión Europea consigue ganar el pulso al Gobierno español tras años de persecución por irregularidades en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre (Reguladora del Sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común). Concretamente, desde el año 2010, la Comisión exhorta al Gobierno español para que modifique la discriminación que propugna dicha ley en cuanto al pago del impuesto de sucesiones y donaciones. En la misma, se distingue a dos clases de obligados tributarios formados por los residentes y los no residentes. Los residentes pueden beneficiarse de las bonificaciones autonómicas, pero los no residentes no.

En el Estado español existen 20 regímenes jurídicos distintos en relación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones: 15 de las Comunidades Autónomas de régimen común, uno en Navarra, tres en las Diputaciones Forales vascas y el peor, que se aplica a los no residentes, establecido por el Estado, en el que no hay bonificaciones.

El Tribunal de Justicia de la UE, en Sentencia de 3 de septiembre de 2014 ha declarado que España ha incumplido los artículos 63 del TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo de 2 de mayo de 1992, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares sobre bienes inmuebles situados en territorio español o fuera de éste. Este incumplimiento constituye una restricción de la libre circulación de capitales y provoca discriminación entre los obligados tributarios.

Ahora, las personas beneficiadas por el fallo de esta sentencia podrán solicitar la devolución de los ingresos indebidos que no hayan prescrito (los últimos cuatro años), y sobre los que ya hayan prescrito podrán iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial al haber sufrido un daño ocasionado por el Estado Español por aplicar una ley nacional que se ha confirmado contraria al Derecho de la Unión.

Aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente,

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