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No es Oro todo lo que Reluce, el Emprendedor de Responsabilidad Limitada

Es una de las novedades más divulgadas de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (La “Ley del Emprendedor”), en vigor con carácter general desde el 29 de septiembre. Sin embargo, cabe dudar que su utilidad vaya más allá del relumbrón de establecer una nueva figura en las posibles formas que puede adoptar la actividad económica. El propósito es, supuestamente, dotar de mayor dinamismo al tejido empresarial español, facilitando su accesibilidad, disminuyendo sus costes de gestión y aligerando su carga burocrática.

Los objetivos perseguidos por el legislador se logran en parte, ya que se da al empresario persona física la posibilidad de prescindir de la sociedad mercantil para lograr el objetivo de la limitación de responsabilidad, lo que lo exime de cumplir con algunas obligaciones como: celebrar Juntas de socios, declarar el Impuesto sobre Sociedades o presentar los libros oficiales al Registro. Pero el logro se detiene aquí, ya que por lo demás se estará obligado a dar publicidad registral a dicha limitación de responsabilidad, lo que implica una comparecencia ante el notario si no se dispone de firma electrónica, y a depositar las cuentas anuales como cualquier entidad mercantil. Esto último con el agravante de que se exige la auditoría de las mismas, lo que echa por la borda el propósito ahorrador y antiburocrático de la norma.

A partir de este punto, siendo escasas las ventajas, sólo encontramos inconvenientes y “peros” en la regulación que pasarán desapercibidos a quien no esté convenientemente asesorado, lo que la convierte en un arma de doble filo.

Así, en primer lugar sólo se protege nuestra vivienda habitual hasta los 300.000.-€ o -en municipios de más de un millón de habitantes- 450.000.-€. Por tanto, se nos puede embargar cualquier otro bien privativo a nuestro nombre.

En segundo lugar, no se beneficiará de esta pretendida separación de patrimonios quien, en el desempeño de su actividad, hubiera actuado con fraude o negligencia grave frente a terceros, si constase por sentencia firme, o haya sido objeto de un concurso de acreedores declarado culpable. La diferencia respecto a las sociedades mercantiles es que en éstas sólo puede derivarse la responsabilidad al administrador si así lo determina el Juez expresamente tras las oportunas averiguaciones, mientras que en la nueva figura del emprendedor de responsabilidad limitada la imputación es más sencilla, tangencial y expeditiva, bastando una condena judicial que nos afecte como empresarios para que extrajudicialmente se nos embargue como particulares.

En tercer lugar, tampoco procederá la limitación si las deudas son anteriores a la inscripción de limitación de responsabilidad o provienen de obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. Es decir, ni Hacienda ni la Tesorería se ven afectadas por esta protección “sui generis” de nuestro patrimonio, que básicamente estará destinada a cubrirnos frente a las reclamaciones de los proveedores.

En cuarto lugar, si nos demoramos un solo día en el depósito de las cuentas anuales perderemos nuestra protección a partir de ese momento.

En suma, no puede hablarse de una verdadera separación entre el patrimonio personal y el empresarial, sino de una excepción de inembargabilidad sobre determinados bienes que, por añadidura, está fuertemente condicionada y no siempre aplica. Se trata en definitiva de una opción poco recomendable, habida cuenta de las ventajas mucho mayores que ofrece una sociedad de responsabilidad limitada, la cual puede constituirse en escasos días y, a pesar de tener mayores costes de gestión, logra una efectiva limitación de la responsabilidad del empresario.

 

Como el lector apreciará, esta novedad (y otras introducidas recientemente) hacen más necesario que nunca el debido asesoramiento antes, durante y después de cualquier actividad.

 

Quedamos a su disposición para cualquier necesidad,

 

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