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Nueva tipología de infracciones de Hacienda, endurecimiento de las sanciones y ampliación de la responsabilidad tributaria

A partir del 31 de octubre de este año el legislador ha incluido nuevos supuestos de sanción tributaria en virtud de lo previsto en la Ley 7/2012, de intensificación de medidas contra el fraude.

 

Se establece en primer lugar una sanción por la presentación por medios distintos a los telemáticos cuando hubiera la obligación de hacerlo por dichos medios (siempre en el caso de las sociedades). La sanción genérica es de 1.500 €, pero se fija que en caso de declaraciones informativas de datos no monetarios la sanción será de 100 € por dato declarado referido a una misma persona o entidad, con un mínimo de 1.500 €, o del 1% del importe de las operaciones declaradas por medios distintos, con un mínimo de 1.500 €.

 

Se agrava la sanción por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración Tributaria cuando se esté siendo inspeccionado. En los siguientes términos:

 

  • Si el contribuyente objeto de inspección es persona física, según se trate del primer, segundo o tercer requerimiento, la sanción será respectivamente de 1.000 €, 5.000 € o la mitad del importe de las operaciones requeridas (si son conocidas), con un mínimo de 10.000 € y un máximo de 100.000 €.

 

  • Si el inspeccionado es persona jurídica, según se trate del primer, segundo o tercer requerimiento, la sanción será respectivamente de 3.000 €, 15.000 € o la mitad del importe de las operaciones requeridas (si son conocidas), o si se refiere al requerimiento de documentos sin cuantía, el 2% de la cifra de negocios de la entidad, con un mínimo de 20.000 € y un máximo de 600.000 € en ambos casos.

 

Respecto a la nueva obligación de informar sobre la existencia de bienes en el extranjero, se prevé una sanción mínima de 1.500 € por presentación fuera de plazo del modelo informativo en los casos en que proceda, según referimos ya en nuestra circular dedicada a dicha declaración. Asimismo, se contempla una sanción de 5.000 € por dato o conjunto de datos referidos a cada bien o derecho no declarados.

 

Además de todo lo anterior, se contempla una serie de previsiones aplicables al régimen inspector, recaudador y sancionador en general, entre las que destacan las siguientes.

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES

 

La ley tipifica que serán responsables subsidiarios de las deudas tributarias los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas obligadas a efectuar la declaración e ingreso de dichas deudas cuando, siguiendo la sociedad en activo, la presentación de autoliquidaciones sin ingreso sea reiterativa e indique que no se tiene intención de cumplir la obligación tributaria. Aquí hay que hacer varias precisiones terminológicas:

 

  • Se entiende por “reiterativa” la presentación sin ingreso de la mitad o más de las declaraciones que corresponden en el año, con independencia de la presentación de solicitud de aplazamiento, salvo que éste se hubiera concedido.

 

  • La liquidación es “sin ingreso” cuando no se ingrese cantidad alguna o, aun existiendo ingresos parciales, el importe total resultante de tales ingresos durante el año natural no supere el 25% del total de liquidaciones por el mismo concepto. Así, por ejemplo, si ingresamos menos de un cuarto de nuestra deuda anual con Hacienda por Impuesto de Sociedades, se considerará a efectos de esta sanción que nuestras autoliquidaciones han sido sin ingreso.

 

  • Se presume que hay “intención de no cumplir la obligación tributaria” cuando se satisfacen créditos de terceros distintos a Hacienda cuya fecha de vencimiento sea posterior a la deuda con Hacienda que se ha dejado de ingresar. Por tanto, si preferimos pagar a nuestros proveedores en lugar de a Hacienda, aun cuando ésta tuviera derecho a cobrar antes, podremos ser sancionados.

 

La redacción de la ley da a entender que estos tres requisitos son acumulativos, por lo que no podría apreciarse el supuesto de hecho de la sanción si faltase o no pudiera probarse uno de ellos.

 

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS

 

Las sanciones podrán exigirse a los socios de las sociedades ya disueltas y liquidadas, con el límite del importe de su cuota de liquidación. Es decir, el socio de la sociedad extinguida será responsable de sus sanciones por un importe que no excederá al que recibió por su participación en aquélla en el momento de la liquidación de sus bienes.

 

 

 

 

ADELANTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

 

Se facilitan los embargos preventivos y demás medidas cautelares para garantizar el cobro de deudas tributarias desde el momento en que la Administración tributaria actuante pueda acreditar motivadamente que existen indicios de que de no obrarse así el cobro podría verse frustrado.

 

PROHIBICIÓN DE ENAJENACIÓN DE INMUEBLES

 

Se prohíbe vender los inmuebles de una sociedad algunas de cuyas participaciones se hubieran embargado al socio mayoritario. De esta manera se bloquea que, mediante la despatrimonialización de la sociedad, se reduzca el valor de las participaciones embargadas por Hacienda.

 

Con la misma finalidad, se elimina la exención tributaria de la compraventa de participaciones cuando éstas sean representativas de inmuebles en el patrimonio de la sociedad.

 

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA DEUDA NO DECLARADA

 

Se decreta la imprescriptibilidad de toda deuda oculta por no haber declarado la existencia de bienes en el extranjero. La ley habla de imputar dichas deudas teóricamente prescritas al periodo no prescrito más antiguo, con lo que de hecho devienen imprescriptibles.

 

Quedamos a su disposición para atender cualquier cuestión que al respecto pueda suscitársele.

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