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Presunción de validez de los gastos de la actividad: a quién compete el “onus probandi”



Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha venido a reiterar la doctrina de los tribunales según la cual la carga de la prueba sobre la validez de la deducción de un gasto en la actividad económica corresponde a la Administración Tributaria. Aunque nuestro Código Civil establece que la buena fe se presume, se diría que este principio se invierte en la práctica cuando el contribuyente es inspeccionado por Hacienda, como si el mero hecho de ser fiscalizado por la Administración cuestionara su probidad como empresario y debilitara sus derechos.

La perversión de este estado de cosas resulta patente: si la buena fe ha de presuponerse entre particulares, con más razón se partirá de ella en el procedimiento administrativo, donde se somete al administrado a una lucha desigual en términos técnicos y procesales y se le impone la difícil tarea de justificar conceptos que pueden retrotraerse más de cuatro años en el tiempo. En base a ello, la doctrina pro-administrado fijada por la jurisprudencia determina un estándar mínimo al que deberá ceñirse la facultad comprobadora de la Inspección. Así, sólo podrá exigírsele que cumpla con sus obligaciones respecto a la contabilización y documentación de las operaciones con relevancia tributaria, y a que los datos consignados en sus declaraciones gocen de cierta verosimilitud, lo que se logrará cuando los gastos deducibles no se estimen superfluos ni resulten manifiestamente desproporcionados en relación a los ingresos, según sea la actividad y el margen de beneficio normalmente esperado.

Esta apariencia de buen derecho basta, a criterio del tribunal, para dar por cumplido el requisito establecido en la Ley General Tributaria, tantas veces citado por Hacienda, de que quien alegue un derecho en su favor deberá demostrarlo. Se exime, pues, al obligado tributario de tener que demostrar que dichos gastos guardan relación con la actividad, siempre que por su propia naturaleza no resulten inidóneos para la obtención de ingresos en ésta. Probando la realidad y adecuación de dichos gastos (obrantes en la contabilidad y congruentes con sus liquidaciones) se ve relevado de la difícil tarea de detallarlos exhaustivamente y a satisfacción de los inspectores. Serán éstos quienes, incardinando estos datos en un contexto mayor fruto de su investigación, desvirtúen en su caso esta presunción y aporten evidencias concretas de las que quepa inferir que tales gastos se han imputado de forma incorrecta, artificiosa o abusiva.

La conclusión de todo ello es que la incertidumbre probatoria o la ausencia de elementos que permitan alcanzar una conclusión segura beneficia al contribuyente, que no deberá atar todos los cabos para defender la validez de su declaración, sino que simplemente habrá de cumplir las obligaciones formales y mantenerse en la esfera de lo probable y lo razonable. A pesar de ello, dada la renuencia de la Inspección a aplicar de buen grado este criterio y siendo conocida de todos su inclinación a extralimitarse en sus atribuciones, será preciso que el contribuyente esté dispuesto a reclamar en vía judicial lo que le ha sido negado en vía administrativa.

Le recomendamos a estos efectos que cuente con el asesoramiento permanente de expertos fiscales y confíe sus contenciosos con Hacienda a profesionales experimentados.

Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

Área de Consultoría.

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