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¿Puede Hacienda entrar en mi empresa dando una “patada a la puerta” sin orden judicial ni permiso?

Antecedentes históricos al margen (para los que recomendamos la lectura de este artículo) no son pocos los casos en que la AEAT ante la posibilidad de que “se este cometiendo o haya cometido un delito” ignora de facto elementos harto importantes como la “inviolabilidad del domicilio” o “la necesidad de consentimiento”.

Confusiones e interpretaciones diversas sobre el alcance real y permitido de los privilegios de los miembros de la Inspección de Tributos la condición de Agentes de la Autoridad han provocado situaciones en las que “la patada en la puerta” al mas puro estilo Rambo se emplea como vía de entrada a empresas, locales y despachos.

El Tribunal Supremo, mediante una reciente sentencia del pasado 25 de enero de 2012, establece que los formalismos legales y exigencias reglamentarias no pueden ignorarse, siendo negativa la respuesta general a la pregunta del título. Aspectos a destacar de esta sentencia:

  • El concepto domicilio es amplio incluyendo no solo el domicilio social de una persona jurídica sino también los lugares utilizados por los representantes de la persona jurídica para desarrollar sus actividades con independencia de que sea el domicilio fiscal, la sede principal o secundaria, exigiéndose, por consiguiente, en todos estos casos el consentimiento del interesado o la autorización judicial. 
  • La Administración Tributaria debe cumplir lo prevenido en el artículo 113 de la Ley General Tributaria respecto a este domicilio, “Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito“.  
  • El consentimiento no debe ser siempre expreso, puede entenderse prestado y válido cuando, una vez informado, entre otros, del derecho que le asiste a negar la entrada, el titular se oponga de forma expresa. Es responsabilidad de la Inspección de Tributos probar la existencia de un consentimiento expreso o de que el contribuyente a sido debidamente informado. 
  • La entrada y registro requiere el consentimiento otorgado por el representante legal de la entidad o autorización judicial, sin que a tales fines sea válido el consentimiento prestado por un mero trabajador al frente de un local .  
  • Es decir, la infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio de la persona jurídica por haberse realizado la entrada o registro en su domicilio social sin consentimiento de su titular y sin autorización judicial es sería suficiente para declarar la nulidad de todo el procedimiento.

Esta sentencia pone unos limites mas que razonables a la capacidad de ejercer la autoridad al más puro estilo del Llanero Solitario y establece unas normas clara que sirven de garantía, tanto para el contribuyente como para la Inspección de Tributos. 

 No dude en contactar con el área de Consultoría para más información al respecto. 

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