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Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal

El pasado 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la reforma del Código Penal, que entre otras novedades, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La Ley establece dos vías para fijar la responsabilidad penal de las personas jurídicas:

  • Por un lado, les serán imputables los delitos cometidos en su nombre y en su provecho por sus representantes,
  • Por otro lado, tendrán responsabilidad de las infracciones consecuencia de no haber ejercido el debido control sobre sus empleados.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas será independiente de la responsabilidad en la que puedan incurrir sus administradores, directivos o empleados y no será necesaria la condena o imputación de tales personas físicas si no pudiera ser individualizada la responsabilidad, no fueran halladas o si concurriera en ellas alguna eximente que determinara su falta de responsabilidad penal.

Los delitos por los que puede ser condenada una persona jurídica, están taxativamente regulados en el Código Penal, e incluye casi todos aquellos ilícitos en los que habitualmente participan personas jurídicas: estafa, fraude fiscal o a la Seguridad Social, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, delitos contra la propiedad intelectual o industrial, alzamiento de bienes, delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, blanqueo de capitales, etc.

En cuanto a las penas, es la pena de multa, por cuotas -los ya habituales días multa- o proporcional al beneficio obtenido o al perjuicio causado, la que el Código penal prevé como común y habitual.

Sin embargo, en los supuestos más graves, el juez podrá acordar la disolución, la suspensión de actividades, la clausura de locales y establecimientos, la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, la intervención judicial de la persona jurídica o la prohibición de realizar aquellas actividades en cuyo ejercicio se hubiera cometido, favorecido o encubierto el delito. A estas penas habrá que añadir, lógicamente, la indemnización de los daños ocasionados por el delito.

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