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Riesgos de mantener una sociedad inactiva



Riesgos de mantener una sociedad inactiva

Cuando nuestra compañía deja de ser rentable y empieza a acumular deudas puede suscitarse la tentación de dejarla inactiva, en el limbo, sin emprender ulteriores gestiones para su disolución y liquidación. Esta decisión, aunque atractiva a simple vista por los bajos costes que implica y la aparente separación patrimonial entre la mercantil y sus socios o administradores, supone graves riesgos para estos y no es nada recomendable a medio o largo plazo. Las sociedades que no han acabado de extinguirse, pero que tampoco operan en el mercado, entrañan peligros latentes y pueden convertirse en bombas de relojería para sus titulares y partícipes.

El artículo 42 de la Ley General Tributaria señala como responsables solidarios de la deuda tributaria a aquellas personas que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria, extendiéndose su responsabilidad también a la sanción. Así, hasta la prescripción de su derecho a examinar cada ejercicio y determinar su deuda, Hacienda está facultada para exigir a gerentes, administradores y socios la totalidad de las cantidades liquidadas erróneamente o dejadas de ingresar por la sociedad respecto a cualquier tributo o tasa.

El administrador y el gerente, en tanto que responsables de la representación legal y de la gestión de la mercantil, son causantes directos de cualquier tipo de fraude en que se vea inmersa la sociedad a cuyo mando se encuentran. También podría incluirse a los socios, si se demostrase que con sus actos de administración de hecho o con los acuerdos aprobados en Junta han contribuido a dichas infracciones.

Lejos de detenerse en los causantes o colaboradores activos, la Ley hace asimismo responsables, aunque esta vez con carácter subsidiario (es decir, en defecto de bienes de la sociedad), a los que meramente consienten de forma tácita y no impiden la comisión de la infracción. La norma habla en particular de “los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones”. Y todavía en términos más explícitos, de “los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago”.

Considerando que tanto los socios como los administradores aprueban las cuentas anuales, donde se incluye la cuenta de resultados y la provisión del impuesto sobre sociedades, resulta sumamente sencillo implicarlos a título de omisión si con posterioridad se revelase que la liquidación del impuesto contenía algún error en perjuicio de Hacienda. Supongamos que nuestra sociedad ha aplicado mal alguna deducción, ajuste extracontable o base imponible negativa en un ejercicio no prescrito. En este caso habremos incurrido en la infracción tributaria del artículo 192 de la LGT “por incumplir la obligación de presentar de forma completa y correcta declaraciones o documentos necesarios para practicar liquidaciones”. Por tanto, ante el probable escenario de que no haya bienes embargables en la sociedad, socios y administradores responderán por la totalidad de la deuda, más sanción e intereses.

Otro tanto sucede con las deudas frente a la Tesorería.El artículo 15.3 de la Ley General de la Seguridad Social prevé que “son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan directamente la obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquéllos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en aplicación de cualquier norma con rango de Ley que se refiera o no excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social…”. Es decir, que tanto por acción como por omisión dolosas o negligentes pueden responder los administradores, gerentes y socios de la compañía.

A su vez, la Ley de Sociedades de Capital hace responsables a los administradores que no hayan cumplido con sus obligaciones ante un eventual desequilibrio patrimonial de la sociedad. Así, leemos en su artículo 367 que “responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución”. La ley presume, salvo prueba en contrario, que todas las obligaciones sociales son posteriores a la causa de disolución. Esto es, a no ser que se pueda probar de modo fehaciente que la deuda se generó con anterioridad al hecho que provocó que la sociedad entrase en causa de disolución, el administrador responderá de la misma con carácter solidario.

Por todo ello les recomendamos que acudan a su asesor antes de dejar a la deriva sus sociedades inactivas, ya que, aunque la existencia de deudas impida su disolución, existen vías legales y efectivas para eliminar los riesgos comentados.

Recuerde, no solo los Administradores corren con el riesgo, los socios y partícipes también.

Quedamos a su disposición para resolver sus dudas sobre estas cuestiones y aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

Área de Consultoría.

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