Colegiados y Asegurados

La garantía de 3 colegios profesionales y un seguro de RC

Col·legi d'Advocats de BarcelonaCol·legi de Graduats Socials de BarcelonaCol·legi d'Economistes de Catalunya

Creemos que la ética profesional obliga a asumir los posibles errores cometidos. Los profesionales de nuestro equipo están colegiado en el Colegio de Economistas de Catalunya, el Colegio de Abogados de Barcelona y el Colegio de Graduados Sociales de XX respectivamente y cuenta con la protección de un seguro de Responsabilidad Civil.

Trabajamos día a día para mejorar y adaptar nuestros métodos y procesos de control interno pero incluso ante un eventual error, usted estrá protegido.

Fargas
Asesoría fiscal y laboral Fargas

Sobre filtraciones de trabajadores a hacienda



El Código Penal Español concede una protección distinta a la intimidad de la persona jurídica que a la de la persona física, y la Jurisprudencia ha procedido a desarrollar distintos requisitos para la consideración del “secreto” y por tanto de protección de la intimidad en función de cada uno de ellos.

En el Título XI del Código Penal Español en el capítulo que lleva por título “Del descubrimiento y revelación de secretos” observamos una serie de delitos tipificados como la revelación de secretos a un tercero, sustracción de documento, robo de información, todo en el ámbito de las personas físicas. Pero, concretamente, en el artículo 200 estipula que “Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al que descubriere, revelare o cediere datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus representantes, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este Código.” Podemos ver que con la nueva regulación la intimidad y el delito de descubrimiento y revelación de secretos se ha extendido a las personas jurídicas.

A su vez, el artículo, 278.1 CP, también brinda una protección genérica a la intimidad de las personas jurídicas en el ámbito de los consumidores y el mercado.

Art. 278.1 CP: “El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”. Este artículo ofrece defensa a la persona jurídica, al proteger “el secreto empresarial” y por el agravio económico que suele llevar aparejado.

Además, “2. Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos.”

Hemos de destacar, que hay un plazo de cinco años, en virtud del sistema de prescripción de delitos del código penal. Eso significa que si en el plazo mentado no interpusieramos demanda contra el trabajador, posteriormente ya no podríamos ir contra él.

Pero, no todos los documentos empresariales están protegidos por este artículo, así pues, es preciso analizar los requisitos jurisprudenciales para considerar o no, que un documento empresarial es digno de la protección del Derecho Penal, y especialmente cuando la sustracción de dichos documentos por parte de un trabajador para ser utilizado en un proceso judicial, merece tener la consideración de delito.

La persona jurídica tiene derecho a la intimidad, pero dicho derecho no tiene el mismo alcance Constitucional que si tienen las personas físicas. Por tanto, solo se puede hablar de Derecho a la Intimidad de una persona jurídica cuando esa intimidad está relacionada en el ámbito de una persona física.

Existe el referido Derecho a la Intimidad cuando hablamos del domicilio social de la empresa, pero los datos de la empresa, para que sean objeto de una protección específica dentro del tipo del artículo 278.1 del Código Penal.

Por tanto, para que un documento goce de intimidad necesita la concurrencia de las siguientes:

  • Confidencialidad: Un documento de la empresa será confidencial cuando se quiere mantener bajo reserva.

  • Exclusividad: Es exclusivo en cuanto es propio de la empresa. Valor económico: Porque dicha información secreta le da a la empresa una ventaja en el mercado.

  • Licitud: Debe ser legal para entrar bajo este paraguas de protección. Por tanto todo documento que reúna estas características se considerará secreto en el ámbito empresarial, y objeto por tanto de la protección penal que prevé el referido artículo 278.1 del Código Penal.

A su vez, cabe subrayar que los secretos de empresa, objeto de protección, se agrupan en tres categorías: Secretos de naturaleza Técnico Industrial. Secretos de Orden Comercial. Secretos Organizativos.

Para los casos en que los documentos sustraídos contengan datos de otros trabajadores de la empresa, en ese supuesto, la Ley y la Jurisprudencia, ofrecen una protección total considerándolo secreto siempre. La única excepción a ella, sería que la sustracción de información de otros trabajadores fuese para perseguir otros fines constitucionalmente legítimos, la intromisión estuviera prevista en la Ley, o la injerencia en la privacidad estuviera motivada por una resolución judicial o esté constitucionalmente prevista.

Por eso, alegar que los datos sustraídos ilícitamente dañan la intimidad personal más que la de la empresa, si se puede, es asegurarse la ilicitud de la prueba.

Pero, por lo general, la Jurisprudencia ha considerado que toda persona jurídica merece protección penal cuando se trata de secretos de contenido económico, pero esa protección se acentúa cuando los documentos sustraídos versan sobre la intimidad de una persona física que trabaja para la persona jurídica. La Sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla nº 54/2009, de 4 de febrero, entre otras, concluye con la necesidad de ofrecer protección al bien jurídico de la intimidad y aclara su extensión dentro del ámbito de la empresa, perfilando el alcance de protección de la misma en cuanto a la persona jurídica, y del personal que la compone.

 

Así que por todo lo mentado, sí que se podría ir por la vía penal. Pues se prevé que los datos reservados de las personas jurídicas puedan perseguirse penalmente, con consentimiento de sus representantes aunque sólo mediante los tipos específicos de revelación de secretos profesionales. ( de 198 a 204 CP).

Por otro lado, y como inciso, si aún era trabajador cuando dio el soplo tenía el deber de cumplir el Artículo 5 del TRET sobre Deberes laborales “Los trabajadores tienen como deberes básicos: a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia.” Además, seguramente el trabajador firmó un contrato donde había alguna cláusula de confidencialidad lo cual daría más fuerza a la sustracción ilícita de información.

Es posible que hacienda no utilice nunca esos documentos públicamente como prueba. Seguramente, lo que hará es servirse de ellos para ir a terceros y obtener pruebas en base a los documentos sustraídos o donde le indiquen estos que puede encontrarlas.

La sustracción de información es una prueba ilícita, en base al artículo 11 LOPJ “En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.” Y la LEC en su Artículo 287 Ilicitud de la prueba “Cuando alguna de las partes entendiera que en la obtención u origen de alguna prueba admitida se han vulnerado derechos fundamentales habrá de alegarlo de inmediato, con traslado, en su caso, a las demás partes. Porque las pruebas ilícitas en el proceso contencioso-administrativo siguen las pautas marcadas para el proceso civil.”

En esta misma línea el art.90.2 LRJS, insiste en que “no se admitirán pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas”.

La prueba obtenidas por hacienda por el trabajador si se han sustraído de fichero automático son ilícitas ya que para poder acceder a ellas sin consentimiento del representante de la entidad solo se pueden obtener por orden judicial.

La prueba ilícita simplemente es nula de pleno derecho.

 

Nuestro equipo de asesores y letrados está a su disposición para despejar todas estas dudas que puedan surgirle.

Área de consultoría.

 

Contenido cedido por

www.blegal.eu

bajo autorización.

 

Noticias Desde Fargas

  • 15 noviembre 2017
    Modelo 232 fecha límite 30 de noviembre
    Leer
  • 01 noviembre 2017
    Nueva Ley del Trabajo Autónomo
    Leer
  • 19 octubre 2017
    Acoso sexual en el lugar de trabajo
    Leer
  • 10 octubre 2017
    ¿Que supone el traslado de la sede social de mi empresa?
    Leer

Ver todas las noticias

Recíbenos en tú buzón