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Sobre la reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas



 

  Este mes estamos viviendo una avalancha de reformas que incumben a un número considerable de leyes. Entre la más “perjudicadas” encontramos la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que también modifica la Ley de Sociedades de Capital, tal y como hizo a principios de este mes la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria .

Las modificaciones en este caso, han atendido sobretodo a la Memoria, cuestiones relativas a la figura del experto independiente, o la Comisión de Auditoría en las sociedades cotizadas. Los artículos que han sufrido cambios en su redacción han sido: 107, 124, 128, 257, 260, 261, 264, 265, 266, 267, 270, 273, 279, 308, 353, 354, 355, 417, 505 y 529 quaterdecies de la LSC).

Esta nueva Ley de Auditoría llega a trompicones después de que se aprobará en el congreso con el número mínimo de votos necesarios para su aprobación. Su propósito es evitar los escándalos financieros que se han producido en España en los últimos años, y adaptarse tanto a la Directiva 2014/56, como al Reglamento comunitario 537/2014 que entrarán en vigor como plazo máximo en junio de 2016.

La nueva ley consta de 94 folios, entre los cuales, se pueden destacar como principales novedades: Las normas de auditoría, donde se mantienen las normas internacionales de auditoría que sean adoptadas por la Comisión de la Unión Europea. En este punto, se establece la posibilidad de que las normas técnicas de auditoría actualmente existentes y las de nueva emisión puedan imponer requisitos adicionales a los contemplados en normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea, según la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014.

Asimismo, el artículo 5 legisla sobre el informe de auditoría de cuentas anuales, en cual, se establece que debe haber un mayor contenido en el informe de auditoría. En el caso de auditores de cuentas o sociedades de auditoría de entidades de interés público se les exige un informe adicional -art. 36 de la Ley- en él se deberá explicar cuestiones tales como los resultados y el proceso de la auditoría. Dicho informe se debe entregarse a la comisión de auditoría.

Por su parte, el artículo 40 regula sobre la contratación, rotación o designación de auditores de cuenta, la cual, no podrá superar el período de diez años de las firmas de auditoría en el caso de las entidades de interés público (cotizadas, de crédito y aseguradoras) y la creación de un cuerpo de inspectores para vigilar la labor de los auditores. No obstante, transcurrido este plazo, el auditor podrá seguir cuatro años más, siempre que entre otro auditor y se realice una auditoría conjunta.

Por último, se establece la posibilidad de que un accionista con un 5% o más de derechos de voto o del capital de la compañía, así como el Comité de Auditoría o el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, puedan solicitar el cambio de auditor "cuando concurra causa justa".

De este modo, se pretende mejorar la calidad de las auditorías, fortaleciendo su independencia, para reforzar la confianza en la información económica y financiera. Se pretende recuperar la confianza de los usuarios en la información económica financiera que se audita, en especial la de las entidades de interés público.

Uno de los aspectos que se mantienen de la normativa anterior es la prohibición de concentración para evitar la dependencia financiera respecto a una misma entidad, de manera que los honorarios que el auditor perciba por parte de un mismo cliente no podrán superar el 30% del total de los ingresos percibidos en los últimos tres ejercicios. Hasta ahora, esta limitación se establecía en el 20%.

Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente y quedamos a su disposición para cualquier duda o cuestión.

 

Por Ignasi de Benito Zorzano.

Área de consultoría

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