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Suministro de datos personales entre administraciones públicas



Se han publicado noticias en las que se anuncia la anulación de miles de multas de tráfico por el incumplimiento de la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Dentro del ámbito de la citada Directiva se establece cuál debe ser el tratamiento que los Estados Miembros deben dar a los datos personales. La regulación reconoce una serie de derechos y obligaciones que pueden ser limitados cuando sea necesario para la salvaguardia de unas determinadas materias entre las cuáles están:

  • Un interés económico y financiero importante de un Estado miembro o de la Unión Europea, incluidos los asuntos monetarios, presupuestarios y fiscales;

  • Una función de control, de inspección o reglamentaria relacionada, aunque sólo sea ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos a que hacen referencia las letras c), d) y e) (esta última letra es la anteriormente citada)

La directiva distingue entre los datos directamente recabados del propio interesado de los que no lo han sido. Señalar que la norma siempre exige que el tratamiento de los datos sea leal y lícita, y fija los casos en que se pueden tratar esos datos, entre las que se encuentran:

  • Es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable del tratamiento

  • Es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del poder público conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se comuniquen los datos

  • Es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva

En el asunto de la sentencia, existió una comunicación de datos entre dos Administraciones Públicas que no estaba cubierto por la Ley. La legislación del Estado Miembro en cuestión, Rumania, establece mediante norma de rango legal la comunicación de datos pero los datos suministrados excedían de los necesarios. Las autoridades fiscales suministraron datos sobre ingresos a las autoridades del seguro de enfermedad que únicamente tenían la cobertura de un protocolo suscrito por ambas autoridades públicas. La Ley solo preveía el suministro de los datos necesarios para determinar la condición de asegurado, que no incluyen los datos económicos.

Ante la falta de cobertura legal es imprescindible que la persona física a la que se refieren los datos sea informada.

La falta de cobertura legal adecuada para considerar que no cabe información previa, implica que el suministro de datos entre las dos Administraciones Públicas no se ajusta a las exigencias de la directiva.

 

Conclusiones:

Primero, señalar que el asunto afecta únicamente al derecho fundamental a la intimidad de las personas físicas, por lo que no cabe hacer un traslado mecánico de las conclusiones a las personas jurídicas.

Segundo, se trata esencialmente de un defecto formal, la falta del rango normativo exigido por la directiva para regular los supuestos de información previa o de exclusiones y limitaciones para las materias previstas por la directiva 95/46/CE.

Tercero, cuando haya suministro de información entre Administraciones Públicas debe considerarse si formalmente la materia está regulada mediante ley. Si el rango es inferior, cuando afecta a personas físicas, la normativa no dará cobertura suficiente al suministro de datos.

Cuarto, la mera regulación legal no es suficiente, pues debe ser conforme a la regulación comunitaria prevista en la directiva. Es cierto, por ejemplo, que la materia fiscal o presupuestaria está especialmente protegida pero debe existir un interés económico o financiero importante, lo que supone un concepto interpretable que necesitaría ser delimitado.

Quinto, el concepto de información previa, que debe tener regulación legal, debe entenderse en el ámbito del tratamiento leal y lícito de los datos. Una posibilidad a contemplar es que la información previa en caso del cumplimiento de obligaciones jurídicas debe contemplar quienes son los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos. Por ejemplo, la Ley 58/2003 General Tributaria en su artículo 95 establece la reserva sobre los datos y cuál es el ámbito de colaboración y suministro con otras Administraciones públicas. En consecuencia, cesiones de datos fuera de los ámbitos previstos por la Ley, estarían extramuros de la regulación comunitaria.

Sexto, la falta de cobertura legal o de adaptación a la directiva supone que la falta de comunicación previa conlleva que el suministro de datos es ilícito y como, en el caso de las sanciones de tráfico, lo que supone que las acciones para su cobro por otra Administración Pública son nulas.

 

Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta que pudiera tener.

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